Kazajistán elimina la pena de muerte, mientras aumenta la abolición en Asia Central
El 17 de abril de 1999, tres policías de paisano arrestaron al hijo de Tamara Chikunova. A ella le dijeron que se trataba de una formalidad, pero la realidad es que acusaron a Dmitry injustamente de haber matado a varios ciudadanos coreanos.
Le torturaron hasta que firmó el documento que le pusieron delante. Se trataba de una declaración de culpabilidad. Lo hizo a cambio de mi seguridad, y para que me dejaran de golpear», explica Chikunova en entrevista con Alfa y Omega.
Entonces, le condenaron a muerte. Antes de la ejecución, concedieron a Tamara un cara a cara con su hijo. Era el 10 de julio del 2000. Pero Dmitry no se presentó al encuentro. Lo habían fusilado unas horas antes. 40 días después, «me entregaron su última carta escrita antes de la ejecución:
“Mi querida mami. Te pido perdón si no es el destino vernos. Recuerda que no soy culpable, no he matado a nadie. Prefiero morir, pero no dejaré que nadie te golpee. Te quiero mucho y eres la única persona querida para mí. Por favor, recuérdame. Te beso fuerte. Tu hijo, Dmitry”».
Rota por el dolor, Chikunova consagró su vida a luchar contra la pena de muerte. Fundó la asociación Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura, y con la ayuda de la Comunidad de Sant’Egidio logró que Uzbekistán, su país de origen, eliminara la pena capital en 2008. «110 personas se salvaron de la ejecución», concluye Tamara.
«La pena de muerte es un asesinato voluntario y a sangre fría de una persona por parte del Estado en nombre de la justicia». Es «la venganza de la sociedad».
En marzo de 2005, esta defensora de los derechos humanos logró que se reconociera la inocencia de su hijo. Su juicio fue declarado injusto y Dmitry rehabilitado post mortem.
Pero Uzbekistán solo fue el primer país de muchos otros: Tayikistán, Kirguistán, Mongolia… «El trabajo de sensibilización de Tamara ha tenido un impacto en todo el área de Asia central», explica a este semanario Marco Gnavi, responsable de las iniciativas de la Comunidad de Sant’Egidio sobre la pena de muerte. El último país que se ha sumado a esta corriente abolicionista ha sido Kazajistán.
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